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El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), José Francisco Nicolás Alvarado, presentó oficialmente ante el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda la solicitud de medida cautelar intraprocesal en contra de los alcances del cuestionado decreto con el cual el Poder Ejecutivo pretende cambiar el marco normativo de la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Este martes en la mañana el despacho de Nicolás confirmó que la petición por parte del congresista se presentó ayer lunes 9 de diciembre en la tarde.
Nicolás explicó días atrás que con esta solicitud se busca que se detenga el proceso del decreto “antes que empiece a impactar en a vida de los ciudadanos”, pues considera que el mismo tiene características “invasivas”.
La intención, según el legislador, es que se detengan los cambios que impulsa el Gobierno acerca del funcionamiento de la UEI mientras se define su legalidad y eventuales roces con la Constitución Política.
La solicitud de medida cautelar presentada por Nicolás puede verla en este enlace: Solicitud Francisco Nicolás al Tribunal Contencioso
La UEI es un grupo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia, que tiene entre sus funciones dar protección al presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros. También brinda apoyo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fuerza Pública solo en caso de que se requiera en diferentes operaciones policiales.
Sin embargo, en el reglamento publicado en La Gaceta el pasado 21 de noviembre, el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la ministra de Presidencia, Laura Fernández, le amplía potestades a esta policía y la pone bajo su rango de mando, lo que quiere decir que el grupo de operaciones que la integra debe acatar las indicaciones del Presidente.
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Este decreto, que elimina el estatuto que estaba vigente desde el 27 de julio del 2005, es cuestionado porque le confiere a la UEI facultades para investigar y planificar allanamientos. A su vez, da potestades a Chaves y a Fernández que antes no tenían, como la promoción de los cargos policiales a lo interno de la UEI, los cuales otorgaba únicamente el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) toda vez que cumplieran con los requisitos de ley que están establecidos.
La semana anterior, la Fiscalía General de la República abrió una nueva causa penal contra Chaves tras recibir una denuncia en la que se alega que el mandatario habría incurrido en al menos dos delitos con el decreto que modifica el reglamento de la UEI.
Entre tanto, también la semana pasada, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le solicitaron a Chaves y a Fernández referirse al cuestionado decreto, esto tras acoger un recurso de amparo que presentó en contra de este decreto la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Anep).
Source
Carlos Mora
